ARTICULISTA INVITADO

Héctor Yunes Landa

Calderón propicia el desprestigio internacional de México.

Uno de los temas de esta semana que más acaparó la atención no sólo del país entero, sino de la comunidad internacional, fue el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de desechar el proyecto del Ministro Arturo Zaldívar que sugería la liberación de la francesa Florence Cassez, condenada a 60 años de prisión por el delito de secuestro y otros equiparables, y turnar el caso a otro ministro para su revisión. Mientras tanto Cassez, de 37 años, continuará en prisión a la espera de un nuevo fallo que podrá darle su libertad o confirmar su condena.

Al margen de la inocencia o culpabilidad de esta ciudadana francesa, el caso adquirió notoriedad, no por el hecho de que una persona de origen extranjero fuese partícipe de delitos tan graves como los imputados, sino porque México y el mundo han puesto sus ojos en dicho evento, una vez más, por la incapacidad, los errores y el procedimiento ilegal del Gobierno Federal. Conviene hacer aquí un breve resumen de los hechos.

El 9 de diciembre de 2005, el país supo de la detención de la banda de secuestradores “Los Zodiaco”, en lo que sería un exaltado operativo policial transmitido en vivo por los medios de comunicación. Entre los detenidos se encontraba una mujer de 31 años de nacionalidad francesa, que había sido señalada por las víctimas salvadas ese día como una más de los secuestradores y pareja sentimental del jefe de la organización. Sin embargo, el 11 de febrero de 2006, en el programa televisivo Punto de Partida conducido por Denise Maerker, Florence Cassez alega que su detención había sido un montaje televisivo organizado por la Agencia Federal de Investigación, ya que a ella y a los implicados se les detuvo un día antes en el rancho llamado Las Chinitas, al sur de la Ciudad de México.

Ante la denuncia de Cassez, Genaro García Luna, director de la AFI, se disculpó y aceptó que, en efecto, la transmisión en vivo era una recreación de los hechos solicitada por los medios de televisión, pero que no tendría influencia alguna en el juicio. Sin embargo, esta explicación pierde su efectividad cuando Pablo Reinah, el reportero de Televisa que cubrió la detención, se deslinda de haber sabido de antemano que se tratase de una recreación o un montaje.

Es aquí el punto en el que el “Affaire Cassez” deja de ser uno más de los procesos judiciales en contra de delincuentes en nuestro país y se convierte en una situación grave y crítica que ha puesto en tela de juicio los principios de justicia y legalidad en México, y ha provocado una perniciosa tensión en las relaciones diplomáticas entre México y Francia.

El tema a reflexionar en este asunto no es si la francesa es o no culpable, sino la manera en que la autoridad manejó su detención, tergiversando las pruebas del caso y volviéndolo inviable por las violaciones procesales cometidas. La irresponsabilidad del Gobierno Federal provocó que un simple proceso judicial se volviese un asunto de importancia internacional manchando gravemente la imagen de la justicia y el Estado mexicanos.

Ahora, el fallo de la SCJN en contra de la liberación de Cassez no es ni puede ser una victoria del sistema, sino un terrible precedente que ha sentado ya jurisprudencia al respecto. Es decir, a partir de este caso, se le está dando luz verde a la autoridad para fabricar cualquier tipo de montaje e inculpar a una persona, culpable o inocente, que no tendrá derecho al elemento de transparencia y legalidad en su juicio.

El presidente francés Nicolas Sarkozy desde un primer momento tomó este asunto como una de sus prioridades –mediáticas o no- en la agenda de gobierno. La tensión del caso provocó que el año pasado se cancelase “El año de México en Francia” y que la opinión francesa tomara la bandera de Cassez como propia. Recientemente, Sarkozy declaró que Francia está dispuesta a llevar este caso hasta sus últimas consecuencias para garantizar la protección de los derechos de su compatriota. Y hay razón desde el punto de vista de la vulnerabilidad que a partir de ahora tendrían todos los ciudadanos extranjeros en territorio mexicano, siendo susceptibles a ser inculpados de ilícitos en cualquier momento.

Lo peor del tema es el impacto negativo que esto tiene en las potenciales inversiones que pudieran llegar a México, toda vez que un requisito fundamental es la certidumbre y legitimidad que la vigencia del Estado de Derecho debe darle al capital extranjero, vital para nuestro crecimiento económico.

La pregunta es ¿Por qué llegar a este punto? Y la respuesta es indignante. Nuestro Gobierno Federal y su Presidente, aferrados a defender también hasta las últimas consecuencias su caótica guerra contra la delincuencia organizada, permitieron que se pervirtiera un proceso judicial para darle proyección y hacerle propaganda a sus operativos policiacos. Prefirieron tener una exclusiva en los principales medios de comunicación del país que hacer prevalecer el principio de legalidad en la detención de una banda de secuestradores.

Si después de todos los alegatos Cassez sale libre, en el supuesto de que fuera culpable, gran parte de la culpa de haber soltado a una delincuente será de Felipe Calderón, porque él ha sido una figura influyente en este viciado proceso, usando su poder para proteger a su cómplice Genaro García Luna, presionando a la Suprema Corte para no permitir su liberación, y negándose a ceder ni siquiera ante un caso tan grave como este.

Esto sólo pasa a ser una prueba más de la forma de actuar de esta y la anterior administración, que indolentemente sacrifica dignidades, principios y leyes con tal de salirse con la suya.

El colofón sin embargo, aunque no tiene que ver con el Affaire Cassez, es la natural consecuencia de los actos de Felipe Calderón: la Corte Penal Internacional de La Haya finalmente no desechó la demanda que 23 mil mexicanos presentaron en contra del Presidente por crímenes de guerra y actos de lesa humanidad. No la declararon improcedente y ahora la analizan detenidamente. Funesto presagio para Calderón, que ya está buscando casa y trabajo en otro país, preparando la huída, indigno pero justo final para una administración como la suya. Eso explica su aferramiento esquizofrénico a la remota posibilidad de que el PAN se mantenga en la Presidencia de la República.

ARTICULISTA INVITADO

Héctor Yunes Landa

El PAN y sus violaciones a la Ley y
a la Democracia.

Esta semana el PAN ha exhibido la peor de sus facetas con los desaciertos de su candidata a la Presidencia de la República y la élite dirigente de ese partido. En menos de 8 días Josefina Vázquez Mota ha logrado desprestigiarse lo suficiente como para poner en riesgo su segundo lugar en las preferencias electorales, dejando al descubierto una personalidad débil ante la opinión pública que mucho deja que desear no sólo para todos los mexicanos, sino incluso para sus propios partidarios y simpatizantes.
No hizo falta averiguar nada; las entrevistas realizadas por los medios de comunicación a los asistentes a dicho evento dieron prueba inobjetable de la intención electorera de la toma de protesta de Vázquez Mota. Uno de los entrevistados dijo entre dudas que iba a “un evento de Sedesol”, una señora dando la nota cómica afirmó que a ella la habían llevado para “una pelea de toros”, otro asistente más declaró que el iba a “cierre de campaña”, y por último, una mujer dejó en claro que ella no sabía a qué iba, pero que le daba igual.
Lo que estas declaraciones dejan claro es que tanto Josefina Vázquez Mota como el Partido Acción Nacional no están dispuestos a obedecer las reglas del juego con tal de obtener votos. Algo que no es de sorprender si consideramos que el mismo Presidente de la República se refiere a Vázquez Mota como “mi candidata” y la apoya abiertamente en juntas privadas, donde también, quien debe ser la referencia de la Democracia y su garante como Jefe de Estado, violó la Ley al mentir con descaro diciendo que su candidata iba a pocos puntos ya del candidato del PRI. Es evidente que la actitud de los panistas no tiene nada que ver con el ambiente de respeto y fair play que se ha observado tanto en el PRI como en la izquierda.
El PRI y Enrique Peña Nieto han dado un ejemplo admirable de lo que un partido debe representar para la gente. Se han conducido en todo momento con respeto a la ley y una moderación digna de ser reconocida. En contraste con un estadio lleno de acarreados en la toma de protesta de Vázquez Mota, Peña Nieto rindió protesta frente a poco más de mil de sus partidarios, en una reunión cerrada, respetuosa de la ley electoral, pero aún así mucho más exitosa por su congruencia y exaltación, a diferencia del chasco panista en el que la gente, harta de esperar por cuatro horas bajo el sol en el estadio, comenzó a salirse a ríos mientras la candidata blanquiazul daba su discurso de llamado a “la unidad”.
En honor a la verdad, de la misma manera la izquierda mexicana ha dado una histórica muestra de unidad y orden en lo que va del proceso electoral. Como nunca antes se ha mostrado atenta de los tiempos y se ha conducido en completa observancia de la ley, pidiendo incluso por escrito a las autoridades electorales que les fuera indicado todo aquello que está permitido en el proceso y todo lo que está prohibido.
La cuestión aquí es, si ya dos de las corrientes políticas mayoritarias del país han demostrado con absoluta civilidad lo que debe de hacerse para que el país consolide su democracia y vaya hacia adelante, ¿qué es lo que el PAN pretende lograr con estos desacatos a la ley? Queda muy claro quién es aquí el malo de la película; quién habla de corrupción y violaciones a la Ley, y demuestra en los hechos que representa la parte más oscura de nuestro sistema político.
Por último, como colofón de esta reflexión, conviene apuntar las desastrosas declaraciones de Josefina Vázquez Mota en lo que va de esta semana. Primero, cuando tratando de congraciarse con jóvenes de la ITAM dijo: “No soy perfecta, estudié en la Ibero”, logró con este comentario ofensivo para su “alma máter” volverse tema de opinión en las redes sociales. Segundo, ante la ola de críticas que ha recibido durante toda la semana, derivadas de su comentario sobre la Universidad Iberoamericana y de la controversia que suscitó cuando salió a la luz que en su tesis de grado afirma que la UNAM se ha convertido en un monstruo, la candidata no pudo más y declaró que hay una guerra sucia en contra de ella.
Guerra sucia, un término muy relacionado con la derecha mexicana. ¿Cómo hablar de guerra sucia cuando fue su partido el causante de una de las mayores divisiones y polarizaciones de la sociedad mexicana, allá en 2006 cuando Felipe Calderón se hizo de la Presidencia a base de las peores artimañas que los mexicanos jamás hayamos visto? ¿Cómo puede hablar de “Guerra Sucia” un presidente y su partido, quienes han desatado un pandemónium en México, desprestigiado la Política y lesionado nuestra democracia, por su infame obsesión de mantenerse en el poder a toda costa?
Por fortuna, una enorme mayoría de ciudadanos tan solo piden que esta pesadilla de malos gobiernos de la derecha termine y México pueda recuperar la paz social que tanto añoramos y el crecimiento económico que nos permita avanzar hacia nuestro desarrollo. Más de 50,000 muertos y 5 millones de mexicanos más en situación de extrema pobreza reflejan con claridad el tipo de cambio que el PAN provocó en nuestro país.

ARTICULISTA INVITADO

Héctor Yunes Landa

La Educación como soporte
de nuestro desarrollo.

La crisis por la que actualmente esta pasando el sistema educativo nacional es preocupante debido a los resultados negativos obtenidos en las pruebas de evaluación del aprendizaje. En opinión de algunos expertos, esto refleja que gran parte de los alumnos mexicanos salen mal preparados de las escuelas, lo que afecta importantemente su desempeño profesional y sus posibilidades de desarrollo en el futuro, sin mencionar el daño que generaciones de ciudadanos con un nivel de educación deficiente provocan al crecimiento y progreso de nuestro país.
Sin embargo, cabe destacar que este problema se debe en gran medida a la gran desatención por parte del gobierno federal en lo que corresponde a la educación. Si bien los niveles educativos bajaron considerablemente en el sexenio foxista, ha sido en el presente sexenio que se han visto bajas drásticas en los resultados educativos de los niveles básico y medio.
De acuerdo a los estudios realizados por la OCDE, en 2009 México ocupaba ya el último lugar de los indicadores educativos. Por ejemplo, en cuanto al gasto anual que el gobierno invierte en cada alumno inscrito, México destina la cantidad de 37 mil pesos, cuando la media internacional es de 117 mil pesos anuales.
Asimismo, se menciona que tan sólo menos de la mitad de los alumnos inscritos en la secundaria logran concluir sus estudios. Y en un dato más alarmante, sólo una tercera parte de todos los mexicanos alcanza el nivel de bachillerato.
El razonamiento más común de la sociedad respecto a estas deficiencias, es que los maestros no hacen su trabajo como deben porque no están interesados en hacerlo. No obstante, es de reconocer que todos los docentes del país padecen condiciones similares o peores que las de los propios alumnos.
Los maestros mexicanos tienen que enfrentarse a la falta de presupuesto, a condiciones de trabajo muy penosas, dando clases en inmuebles que no cumplen con los mínimos de calidad y mantenimiento, siendo asignados a un número superior de alumnos de los que pueden realmente supervisar, trabajando por un salario insuficiente, y, sobre todo, afectados por una grave carencia de un auténtico proyecto de reforma educativa integral, que, sustentado en un genuino sentido de la responsabilidad, defina de una vez por todas un nuevo rumbo para México en materia educativa.

Los maestros no son culpables de que la educación en México no funcione, no son culpables de la falta de dinero para renovar las escuelas, o de que los alumnos no cuenten con las condiciones socioeconómicas ideales para poder aprender y desarrollarse. El maestro es una más de las víctimas de una cadena de intereses y desintereses que ha condenado a nuestro país al atraso educativo en los últimos años.
Si se buscan culpables en esta situación, no se debe ir muy lejos. Por un lado tenemos a un gobierno federal que nos ha dejado a la deriva, porque está mucho más angustiado por proteger su imagen pública, y como ya lo hemos dicho antes, que sólo piensa en legitimarse a través de una guerra sin sentido a la que destina todos los recursos y toda la atención. Por otra parte está la intricada red de intereses e influencias que lastiman a la Educación, poniendo un freno de décadas a su desarrollo.
La solución sin embargo no es inalcanzable, para alcanzarla se requiere de un trabajo coordinado de todos los miembros de la sociedad, desde los padres, los maestros, los directores, los líderes sindicales hasta las autoridades gubernamentales municipales, estatales y federales. La reforma educativa que se necesita debe ser incluyente y amplia, debe pensar en todos aquellos aspectos que influyen en el proceso educativo –situación familiar, nutrición del alumno, costos de la educación, situación de los inmuebles, revisión de los programas, capacitación magisterial, mejora a las condiciones laborales y salariales de los docentes, entre otras- de manera que los resultados se traduzcan en alumnos bien preparados, escuelas dignas, programas modernizados y maestros bien pagados y capacitados.
Si el gobierno federal destinara a la educación el mismo presupuesto que actualmente destina a la lucha contra el narcotráfico, otra cosa sería. Si además de aumentar el número de policías y penales de alta seguridad, se enfocara también a la construcción de más y mejores normales para formar a nuestros maestros, y más y mejores escuelas para que las nuevas generaciones se preparen mejor, el futuro sería diferente.
Por último cabe hacer la siguiente reflexión. La educación no sólo es la llave para el crecimiento personal, sino también el único camino que tenemos para alcanzar el progreso. Invertir en la educación es invertir en el futuro de México, es legarle a nuestra nación una nueva clase de ciudadanos instruidos y con valores, que no van a tener la necesidad de buscarse la vida en la delincuencia, el narcotráfico o migrando a otras regiones del país e incluso al extranjero. Invirtiendo en la educación estaremos dándole a México la capacidad de competir con otras naciones y elevar el nivel de vida de todos sus habitantes.

Injustos recortes a los ayuntamientos

anuncia el Gobierno Federal panista.

Por Héctor Yunes Landa

Sorpresa e indignación ha causado la reciente noticia de que la Federación, sin previo aviso y sin explicación aparente, redujo arbitrariamente las participaciones federales de varios municipios de diversas entidades del país, entre las que se encuentra Veracruz. Lo preocupante del asunto es que estos ajustes impactarán lo destinado al Fondo de Infraestructura Social Municipal que se utiliza en la realización de obras públicas. Más grave resulta que los recortes fueron aplicados a municipios muy pobres y con grandes necesidades, como Zongolica, al que le recortaron casi 6 millones de pesos, o Ixhuatlán del Sureste, que perdió 2 millones 623 mil pesos.

Acciones como esta reflejan la incongruencia con que se conducen las administraciones del PAN, por un lado nos venden la idea de que sus acciones son para “Vivir mejor” y por otro, le niegan a los municipios los recursos necesarios para mejorar las condiciones de las comunidades. Es de reflexionar que maniobras como estas son uno de los tantos artificios instrumentados por el Gobierno Federal para inculpar a los gobiernos estatales de la carencia de presupuesto y enemistar a la población con ellos de cara a las elecciones de este año, pues no es casual que estos suceda precisamente en este periodo.

Así, están empezando a aflorar desde ahora las mañas que, durante estos dos sexenios, los panistas han utilizado para hacerse de los cargos de elección popular. Ya comenzamos a ver ese intervencionismo desde la federación que no va a hacer otra cosa que dañar aún más la difícil situación de nuestro país. La única explicación para ajustes como tales es la de empobrecer aún más a los municipios vulnerables y posteriormente llevarles programas federales con una clara intención electoral faltando poco tiempo para los comicios. La voz de inconformidad por parte de los municipios afectados se ha alzado ya para reprobar estas acciones que lesionan directamente a la población y que no tienen excusa válida.

La Federación, además de haber fallado en su deber de apoyar a los municipios más pobres para mejorar sus condiciones, ahora pretende quitarles lo poco que reciben, dejándolos peor para después llegar con apoyos “mesiánicos” que lleven implícito el sello de Acción Nacional y de sus candidatos. Esta es una artimaña que merece la condena no sólo de los afectados, sino de todos los veracruzanos. El gobierno que no ayuda a la gente no merece gobernar, pero el gobierno que empobrece intencionalmente a la gente para dominarla es un gobierno que traiciona a sus gobernados.

Esto no es algo nuevo, ha sido un recurso muy usado por el PAN durante las dos lamentables administraciones federales que ha encabezado. Los ejemplos más claros han sido Guerrero y Michoacán, entidades que debieron pasar por prácticamente una sequía financiera, porque Calderón decidió suspender desde tres meses antes de la elección la entrega de las participaciones federales que en justicia debían recibir guerrerenses y michoacanos.

De nada sirven los esfuerzos de los estados de la república por salir adelante si el Gobierno del PAN se empeña en regatear los recursos y seguir lastimando a la población; los gobiernos locales tienen dos alternativas: endeudarse o paralizar las obras y la marcha en general de sus entidades. Esa es la situación que prevalece en todos los estados que son gobernados por partidos distintos al PAN: el primer paso es asfixiarlos para que la población se moleste por la falta de obra pública, el segundo paso es que la molestia se convierta en enojo cuando su gobierno estatal tenga que recurrir a contratar deuda para satisfacer las necesidades de la población.

Esto es apenas una de las muchas mañas que el PAN va a poner en juego en su desesperado afán por mantenerse en el poder. Afortunadamente, la sociedad percibe con claridad el desastre que ha significado para la nación esta década perdida por Acción Nacional y seguramente lo tendrá muy en cuenta a la hora de decidir si permite a este partido seguir lastimando a México.